
Surún denuncia desmantelamiento de Procuraduría Especializada para perseguir uso de recursos del Estado con fines electorales
Santo Domingo.- La Fundación Primero Justicia denunció hoy un alegado desmantelamiento de la Procuraduría Especializada de Persecución del uso y desvío de los recursos del Estado para fines Electorales.
Miguel Surún Hernández, presidente de la Fundación, dijo que el desmantelamiento se hizo en violación de los articulos 321, 324 y 327 de la ley organica de regimen electoral.
Explicó que esa iniciativa consagra la creacion de la Procuraduria Especialidad de Persecucion de Delitos y Crimenes Electorales, la cual se encuentran sin personal, sin titulares, sin fiscales electorales, a pesar de que nos encontramos a año y medio de las elecciones.
«Lo desconcertante es que la ausencina de un organo persecutor de la corrupcion con fines electorales se produce en medio de graves escandalos de corrupcion como el de INABIE, SENASA, CASD, INDRHI, ADUANAS, SUPERATE, METRO DE LOS ALCARRIZOS, MONORRIEL DE SANTIAGO Y SANTO DOMINGO, denuncias de dichos fondos son desviados en favor de aspirantes presidenciales del partido de gobierno abuso de recursos publicos en favor de fu candidatos oficialistas, y despues del escandolo proceso de corrupcion deol desfalco de Senasa», sostuvo Surún Hernández.
Manifestó que, hasta la fecha no se han investigados los candidatos beneficiarios que el propio ministerio publico establece que se usaron para la campana politica del 2024, lo cual constituye un grave atentado no solo a la libre competencia elecotral en nuestro Pais, sinno que abre las puestas a que el Estado se convierta en un botin para para compara de votos y sosten de campanan multimillonarias en favor d elos candidatos oficialistas. Dijo Surun Hernandez.
Recordó que los artículo 324 y 327, de dicha ley, preven claaramente la desginacion mediante concurso publico de un Titular, 4 adjunto, y al menos 2 fiscales electorales por cada provincia para perseguir la corrupcion con fines politicos electorales, delitos que no solo estan sancionado drasticamente en dicha ley, sino por los articulos 284, 287, 291, 292 y 293 del Codigo Penal Nuevo, que castigan hastan con 20 años de carcel los crimenes de corrupcion, coalicion de funcionarios y cohecho activo y pasivo.




