Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su preocupación por el aumento de las muertes durante operativos de la Policía Nacional, hechos que, según denunció, son presentados recurrentemente por las autoridades como “intercambios de disparos”.
Durante su rueda de prensa de este lunes, la organización política advirtió que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una práctica de eliminación física de personas y reclamó que se investiguen estos hechos y se establezcan responsabilidades.
La posición fue presentada por Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, acompañado de Yván Lorenzo, también vicepresidente; José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos, y Sigfrido Pared Pérez, coordinador de la Comisión de Seguridad y Defensa de esa organización.
De acuerdo con los datos citados por el partido, durante septiembre de 2026 se registraron 55 muertes en intervenciones policiales. Además, señaló que organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que más de 180 personas perdieron la vida en operativos de las fuerzas del orden durante los primeros meses del año.
El PLD también cuestionó la falta de información detallada por parte de la Procuraduría General de la República sobre las investigaciones abiertas por estas muertes y la cantidad de agentes policiales que han sido sometidos a la justicia.
La organización reconoció que los agentes policiales tienen derecho a defenderse ante amenazas reales, pero sostuvo que, cuando una persona se rinde, debe ser detenida y puesta a disposición de la justicia, no privada de la vida.
“En nuestro ordenamiento constitucional, ninguna autoridad policial puede sustituir a los tribunales, declarar culpable a un ciudadano y disponer su ejecución”, afirmó el partido en su declaración.
El PLD recordó que el artículo 7 de la Constitución define a República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, mientras que el artículo 37 establece la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte.
Asimismo, señaló que las garantías constitucionales deben respetarse independientemente de los antecedentes penales de una persona o de las acusaciones que pesen en su contra.
La organización consideró que la ciudadanía no solo debe sentirse protegida frente a la delincuencia, sino también tener garantías de que quienes portan armas en nombre del Estado actuarán dentro de los límites establecidos por la ley.
PLD señala responsabilidad del Gobierno y de los mandos policiales
En su declaración, el partido hizo referencia al artículo 255 de la Constitución, que establece la dependencia de la Policía Nacional respecto de la autoridad del presidente de la República.
En ese sentido, sostuvo que el presidente Luis Abinader tiene una responsabilidad política en la supervisión de la seguridad ciudadana y en garantizar que las actuaciones policiales se desarrollen conforme a la ley.
El PLD aclaró que no afirma que exista una orden explícita del mandatario para cometer ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, advirtió que la falta de supervisión y la ausencia de respuestas ante las muertes pueden contribuir a la impunidad.
La organización también cuestionó que la efectividad policial se mida por la cantidad de presuntos delincuentes muertos durante operativos, en lugar de valorar la prevención del delito, las investigaciones y la detención de los responsables para que respondan ante los tribunales.
A juicio del partido, las muertes durante intervenciones policiales pueden destruir evidencias, debilitar las instituciones y afectar la confianza de la población en los organismos responsables de garantizar la seguridad.
Las siete propuestas del PLD
Ante esta situación, el partido presentó siete propuestas dirigidas al Gobierno y a las autoridades competentes para enfrentar las muertes durante operativos policiales y fortalecer los mecanismos de control.
Entre sus planteamientos figura una instrucción pública del presidente de la República que establezca con claridad que las actuaciones policiales deben respetar la Constitución y las leyes.
También propuso realizar investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas durante operativos, publicar estadísticas transparentes sobre estos casos y rendir cuentas ante el Congreso Nacional.
La organización planteó, además, fortalecer la supervisión externa y el uso de tecnología para documentar las intervenciones policiales, impulsar una reforma policial centrada en los derechos humanos e investigar la responsabilidad de los mandos cuando se produzcan hechos de esta naturaleza.
Con estas medidas, el PLD reclama que las autoridades establezcan mecanismos para determinar cómo ocurrieron las muertes, si hubo uso excesivo de la fuerza y si existieron omisiones de supervisión por parte de los superiores.
La organización insistió en que la seguridad ciudadana debe garantizarse sin vulnerar el derecho a la vida y que los hechos denunciados deben ser investigados para determinar las responsabilidades individuales e institucionales que correspondan.
