Opiniones

Participación Ciudadana y la democracia de la cacería

Por Valentín Medrano Peña
Participación Ciudadana ha iniciado con la cacería de brujas, las retaliaciones que la nueva Procuraduría “independiente” encarna y que prometió no serian su norte.

Miles de personas, muchas pagadas, otras incautas, se han pronunciado de forma negativa y despectiva respecto a cuatro contratos firmados acorde con lo preceptuado en los artículos 1101, 1108, 1108 y 1134 del Código Civil, sin nada oculto, sin nada pecaminoso, solo que a diferencia de los millonarios contratos convenidos por miembros de esa organización con entidades gubernamentales y que están aún vigentes, este no representa afectación al erario.

Y cuestionaron la gratuidad y cuestionaron el tiempo en el que se produce la defensa y firman los contratos, y cuestionaron una cláusula penal que el tiempo ha justificado, porque procuraba evitar un baldón, retaliaciones y afectaciones morales que han pagado y promovido entre amigos y beneficiarios del nuevo gobierno para que se produzca.

Y dijeron que es pecaminoso porque al Estado no se le trabaja de gratis, y que es malo porque un contrato por un servicio gratuito no puede tener una cláusula penal, y lo más lamentable es que por odio, envidia, politiquería, dinero o cualquier razón marginal, hasta abogados que han defendido tesis a favor en términos técnicos, se manifiesten ahora en contra.

Lo que debió ser promovido, aupado y agradecido por una institución que no ha sido afectada en sus finanzas por un acto noble, al que unos entrecomillan, se convierte en razón para dudar y atacar sin poder citar ningún artículo, norma, precedente, jurisprudencia o doctrina que le sea contrario, es decir, criticar por criticar en absoluta vaciedad jurídica.

Cuando señalo a Participación Ciudadana lo hago con conocimiento de causa.

Por haber sido miembro del PRM antes y conocer las bases de ese partido, a sus abogados y a su dirigencia media y de base, sé que muchos han sido relegados en el nuevo gobierno, y que en puestos claves, bajo la premisa de procurar “independientes” se ha colocado a personeros de la denominada sociedad civil, que en su mayoría provienen de las filas de Participación Ciudadana.

Por ello en días pasados publiqué un artículo titulado “Participación Ciudadana se sacó la loto en el nuevo gobierno de Luis Abinader” en el periódico digital Ciudad Oriental. Antes ya había publicado twits y artículos en la misma dirección, y en algunos de ellos señalaba que Participación Ciudadana había obtenido para si la Cancillería (MIREX), la Procuraduría (PGR), la Dirección de Compras y Contrataciones, la Embajada de España, entre otros muchos cargos. Mientras eso sucede, el Presidente de la República aplaca a sus seguidores, a pregunta de periodistas en Bonao, que el llegó al poder a través del PRM, pero que el Estado no es un botín, y es cierto, aunque creo que PC no debe pensar lo mismo.

Ante la reiterada postura de PC de que para la Junta Central Electoral deben ir personas “independientes”, y a sabiendas de que independiente es sinónimo de miembro de PC o de relacionados, me alcé en defensa de los derechos de los que legalmente no tienen impedimento por haber sido o ser miembros de un partido político.

Creo que me excedí en defensas, porque no lo entienden los defendidos y enoja a los agresores.

Participación Ciudadana, propietaria en parte del Periódico Acento, ya que Pancho Alvarez, un reputado abogado que ha sido contratista de servicios jurídicos onerosos en representación del Estado, es decir, que ha cobrado correctamente dinero a la DGII y Superintenfencia de Bancos, entre otros para defender sus intereses en justicia, es miembro distinguido y lider de Participación Ciudadana y codueño de Acento.

Antes, esta organización, que no tiene nada que ver con asuntos de justicia sino electoreros y de transparencia en la administración pública, se hizo accionante voluntario en una acción administrativa llevada a efecto por 18 fiscales que ahora son la cabeza del Ministerio Público, y que dio pie al contrato que se cuestiona sin razón lógica ni legal.

Y para los que cuestionan que porque del contrato en época de posibles cambios en el tren gubernamental, pues porque se hizo en respuesta de una acción administrativa ejercida en la fecha, no como forma de obligar a nadie. Si no se produce la acción no se produce ni la defensa ni los contratos.

Es decir, que en ese proceso, Participación Ciudadana es parte y está del lado de los que guardan ahora los contratos firmados con el Consejo Superior del Ministerio Público (Ana Burgos, Aguiló y Edward López) quienes aún siguen siendo parte del mismo y de soslayo están siendo cuestionados, pero no tan acremente como quienes decidieron asistirles probono.

Es así como Participación Ciudadana convierte en un acto de colusión penoso, sancionable en toda sociedad que se respete, la acción de Acento, ya sea que dándoles ellos mismos los contratos, filtrándoles los documentos su socia eterna en el Ministerio Público u obteniéndolos por medios de una “fuente confiable”, moralmente estaban en la obligación de omitir la información y remitirla quizá a otro medio que la trataría más objetivamente, pues, Participación Ciudadana-Acento es parte del proceso, y obviamente que procuran dañar moralmente la parte que le es adversa.

Sus inteligencias no llegan a comprender que no son los únicos con cerebros. Pagaron bots, llamaron a sus creacuentas falsas e hicieron todo tipo de escarceos para dañar la imagen de quienes no robaron, no recibieron un peso y no afectaron las arcas públicas.

Aún muchos no entenderán o no tendrán el valor de aceptar las verdades aún las tengan de frente, como pasó en este hecho, que sólo puede ser condenado en base a especulación, a lo que no se ve, a lo que pudo haber sido, a lo que se haría en su caso, porque es bien sabido que “el ladrón juzga por su condición”.

No extraña que la primera, y creo que única, entrevista exclusiva dada por doña Miriam German, luego de ser posesionada como Procuradora General de la República, se la concediera al director de Acento-Participación Ciudadana, el orden de los factores no altera la complicidad.

Acento tiene un conducto que le permite obtener documentos e informaciones privilegiadas del Ministerio Público en detrimento de otros medios y de la trasparencia que generaliza la obligación de informar a cargo de las autoridades.

Acento-PC demuestra de quien no es independiente la Procuraduría General de la República actual, pues amén de sus privilegios, promueve, proyecta, defiende y mantiene una calle de dos vías que permite dirigir ataques focalizados contra enemigos específicos.

Ya ejecutaron un ataque pagado para dañar moralmente a sus contrincantes en un proceso, un golpe bajo y vergonzoso, y una clara demostración del nivel de vileza que al final dañará, o al menos lanzará un manto de dudas, sobre la lucha anticorrupción prometida por el actual gobierno.

¿Si son tan despreciables como para usar el poder de forma aviesa e indiscriminada y sin guardar las formas, actuando en conjunto y sin pruebas y sin razón jurídica tratar de condenar a inocentes, no serán capaces de plantar pruebas, ahuyentar o atemorizar testigos, comprar confesiones, desaparecer pruebas y pagar más bots y repetidores y engañapaises?

Esto, he dicho y sostengo, se jodió.

Al final, acudiendo a mi condición de abogado, dejo estas afirmaciones para que algún jurista las contravenga:

De conformidad con los artículos 1108 ha habido.

Consentimiento, dado por el órgano constitucional capaz de hacerlo, El Consejo Superior del Ministerio Público y los abogados signantes.

Capacidad para Contratar, dados a este consejo por la constitución y la ley 133-11 Orgánica del MP. Y los abogados son aptos para lo mismo.

Objeto Cierto, que consiste en una representación jurídica ante una demanda al consejo incoada por otros miembros del Ministerio Público.

Y causa lícita, que reside en la Constitución, la ley 133-11, y las leyes 107-13, 41-08, 247-12, 13-08 y un largo etcétera.

Solo espero que alguien contraríe esto señalando artículos y normas, no especulaciones que nazcan de sus propias capacidades para hacer lo incorrecto.

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