MP solicita 20 años de prisión contra Adán Cáceres y otros implicados en el caso Coral
La acusación sostiene que la red habría desviado millones de pesos del Estado mediante nóminas fraudulentas, compras irregulares y lavado de activos desde organismos militares.
Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones formales en el juicio de fondo del denominado caso Coral, solicitando condenas de hasta 20 años de prisión y multas millonarias contra los principales acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que habría desviado fondos públicos durante varios años desde instituciones militares.
Durante la audiencia, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, pidió al tribunal declarar culpables a los imputados por violaciones a la Constitución, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, lavado de activos y otras infracciones graves vinculadas al manejo irregular de recursos del Estado.
Entre los señalados como cabecillas del entramado figuran los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), mayor general Adán Cáceres Silvestre, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiou, acusados de encabezar un esquema que habría operado entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias y combustibles, así como el uso de nóminas fraudulentas.
Según la acusación, militares y policías recibían menos del 30 % de sus salarios, mientras el resto era presuntamente apropiado por la red.
Penas solicitadas
El órgano persecutor pidió 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Cáceres Silvestre, Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola.
Asimismo, solicitó el decomiso de cientos de bienes muebles e inmuebles, incluyendo propiedades de lujo, vehículos y activos financieros, los cuales pasarían a favor del Estado dominicano.
En cuanto a Rossy Guzmán Sánchez (la pastora Rossy), el Ministerio Público requirió 15 años de prisión, mientras que para su hijo solicitó 10 años.
Beneficio por delación
Para el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con las autoridades aportando información clave para desmantelar la estructura, la fiscalía solicitó una pena reducida de cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.
El Ministerio Público propuso que se le reconozca el tiempo cumplido bajo arresto domiciliario, lo que podría permitir que la pena sea considerada satisfecha o que el resto se cumpla bajo modalidad suspendida, sujeta a condiciones como residencia fija, prohibición de porte de armas y presentación periódica ante el juez de ejecución.
El proceso judicial continúa en la etapa final del juicio, mientras el tribunal evalúa las pruebas y argumentos presentados por las partes antes de emitir sentencia.
