Santo Domingo.- La mención del general de brigada piloto Juan Carlos Torres Robiou en el expediente de la Operación Coral, habría provocado que el oficial pusiera su cargo de director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) a disposición del presidente Luis Abinader y confirmaría que en el caso hay más militares activo con advirtiera el abogado Guido Gómez Mazara, aseguraron observadores este jueves.
La información de que el general de brigada piloto Torres Robiou, puso su cargo a disposición del presidente Abinader fue difundida a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa.
Gómez Mazara, dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), adelantó que hay más casos de militares y policías activos involucrados en la Operación Coral y otros actos de corrupción.
“Director de CESTUR pone su cargo a disposición del presidente Abinader. El general de Brigada piloto Juan Carlos torres Robiou, FARD, puso a disposición del presidente de la República, Luis Abinader Corona, su cargo como director”, dice un tuit publicado por el organismo castrense.
La situación se da luego de que el Ministerio Público mencionara a Torres Robiou en el expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso Operación Coral.
El general Juan Carlos Torres Robiou fue designado en el cargo por el entonces presidente de la República, Danilo Medina, en agosto del 2014, mediante el decreto 302-14.
Operación Coral menciona a Torres Robiou
El Ministerio califica como situación extremo sospechosa que Torres Robiou pague tres mil dólares mensuales por el alquiler de un inmueble ubicado en Las Terrenas, a Raúl Alejandro Girón quien está implicado en el caso Coral y es su subalterno en CESTUR.
“En la actualidad el referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D., Juan Carlos Torres Roibiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00, situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, dice el Ministerio Público en el expediente.
Gómez Mazara advirtió que caerían otros uniformados
Considerados como casos atípicos los apresamientos de militares uniformados como los ocurridos con el general Adán Cáceres y lo coroneles Rafael Núñez D Aza y Girón Jiménez, acusados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), integrantes de un supuesto entramado de corrupción, al referirse a los mismos, Gómez Mazara advirtió que habrá más miembros activos capturados.
“La excesiva paciencia en sustituir mandos militares y policiales heredados de la pasada administración pondrá a ciertos exponentes (todavía activos) en una situación difícil. Vendrán los arrestos, ellos uniformados. Ya lo verán”, argumentó el abogado.
Gómez Mazara denunció en varias ocasiones al general Cáceres y la semana pasada depositó en la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa un expediente sobre presuntos hechos de corrupción cometidos por el oficial durante sus ocho años como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia.
El dirigente del PRM entregó a la Pepca, todas las operaciones financieras de las empresas y asociaciones a nombre de la pastora Rossy, pero vinculadas al mayor general en cuestión.
De acuerdo a lo ocurrido en caso anteriores, no era común el apresamiento de militares uniformados, es decir activos lo que paso con Cáceres era que al él ser jefe de la escolta del expresidente Danilo Medina esos militares no son puestos en retiro, al apresarlo se hizo activo.
Esto representa una situación delicada desde el punto de vista institucional porque esos militares se mantienen activos, pero entonces apresados
Tradicionalmente lo que se perseguían eran militares en retiro. Estos son militares activos los que están encerrados.
Gómez Mazara afirmó que la acusación del Pepca respecto de la Operación Coral trasciende jerarquía militar y policial, y los involucrados. “El hecho cierto es la acumulación opulenta de exponentes del mando con amparo y protección del poder político” subrayó.
