Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo aclara su aplicación obligatoria en todo el país
Santo Domingo.- La Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos está en plena vigencia desde el 24 de diciembre de 2022 y debe ser aplicada en todo el territorio nacional. Así lo confirmó de manera oficial la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en una comunicación enviada a la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim).
El documento, firmado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, responde a una consulta formal hecha por Fedodim el pasado 20 de junio sobre la vigencia legal de dicha normativa. En la carta se deja claro que la ley, publicada en la Gaceta Oficial No. 11092 del 22 de diciembre de 2022, entró en vigor dos días después de su publicación, conforme a los plazos establecidos por la Constitución y el Código Civil.
Aplicación obligatoria en todo el país
“La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial entró en vigencia tras su promulgación y publicación… resultando de obligatorio cumplimiento a partir del 24 de diciembre del mismo año”, cita el documento enviado por la Consultoría Jurídica. En otras palabras, no hay dudas: la ley es válida, exigible y debe ser respetada por todas las instancias públicas y privadas.
Reglamento en camino
Aunque la ley ya está en vigor, el Gobierno informó que algunos aspectos específicos serán definidos con mayor detalle en el reglamento de aplicación, el cual está siendo elaborado y será emitido próximamente por el Poder Ejecutivo. Este instrumento será clave para la implementación práctica de la normativa, especialmente para los gobiernos locales que manejan directamente temas de uso de suelo y planificación territorial.
Implicaciones para municipios y desarrollo urbano
La confirmación de la vigencia plena de esta ley no es solo un asunto técnico. Tiene implicaciones directas sobre la gestión municipal, la planificación urbana, las inversiones inmobiliarias y la protección ambiental. La normativa establece los principios y criterios para el uso racional del territorio, el control de los asentamientos humanos y el desarrollo equilibrado de las comunidades.
