Leoncio Almanzar se hizo pasar por administrador de empresas disueltas para vender Los Tres Brazos
El proceso de venta que culminó con el sometimiento de 11 personas ante la justicia
Santo Domingo.- El proceso de venta del sector Los Tres Brazos inició a tan solo dos años de haber asumido en el cargo de presidencia de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar, según consta en el expediente sometido por el Ministerio Público para solicitar medidas de coerción.
Tres parcelas son las que componen los terrenos del sector Los Tres Brazos, ubicado en Santo Domingo Este, se trata de las parcelas 153 A-1, 153 A-2 y 155, que pertenecían a dos empresas; a la Fábrica Dominicana de Cementos C por A. y la Dominicana Industrial de Calzados, C por A. (DOINCA), pero en para 1995 una fue expropiada de los terrenos y otra se los vendió al Estado Dominicano, hecho por el cual las tierras pasaban a ser propiedad de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE.
Sin embargo, para el 2007, dos años después de asumir la presidencia en el CORDE, Leoncio Almánzar, según indica el expediente acusatorio de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA, desconoció el proceso de venta y se hizo pasar como administrador de ambas empresas, ya disueltas, para evitar que su proceso de venta tenga que pasar obligatoriamente por el Senado de la República.
Para esto se valió de cartas enviadas al Registro de Títulos del Distrito Nacional, señalando que con el proceso de movilización de documentos se habían perdido los títulos, parte en que entra la acusada Rosabel Castillo Rolffot, a quien el Ministerio Público indica que facilitó los trámites para la transferencia ilícita, pues en su labor de directora del departamento se asume que conocía o debió investigar la venta que se realizó en el 1995 y saber que esos terrenos ya eran del Estado.
Con las transferencias se procedió al proceso de venta en 2010, realizado a través de la Servicios Inmobiliarios Gowi que representaba Juana Inés Gómez, a esta se le pagó un monto de 200 mil pesos por cada venta, para un total por la venta de las tres parcelas de 600 mil pesos.
La empresa a la que, en primer lugar fueron vendidos los terrenos fue Inversiones Fernández Parache y Asociados, INFEPA, cuyo representante es Domingo Gerardo Lebrón.
Entre Domingo Lebrón y Leoncio Almánzar se dieron las negociaciones, aquí acordaron en 2010 la venta de las parcelas 153 A-1, 155 y 153 A-2, por montos ascendentes a cerca de 80 millones de pesos, cuando incluso para 1995 las dos empresas que poseían estos terrenos les vendieron al Estado un 80 por ciento más costosas.
Todos los documentos, de acuerdo a la acusación, fueron recibidos, firmados y no objetados por Manuel Aybar Ferrando e Irving José Cruz, director inmobiliario y consultor jurídico del CORDE.
Con la parcela 153 A-2, hubo que hacer un proceso de deslinde, parte en la que intervienen los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, quienes para que se obtenga la titulación, alegadamente falsearon documentación sobre la información de esta parcela, como que estaba habitada, y que en ella había propiedades del Estado.
Luego de ese deslinde se variaron las formas de pago de CORDE a INFEPA, ahí se determinó pagar con inmuebles propiedad de los también hermanos de intermediaria Juana Inés, los propietarios Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Posteriormente a este proceso de venta, exactamente 3 años después INFEPA se asocia con la Empresa TITULATEC, S.R.L, cuyo socio mayoritario es José de Pool Dominici.
Aquí INFEPA obligaba a TITULATEC a vender parte de las parcelas a las personas que se encuentran habitando el lugar a precios que oscilaban desde los 19 millones de pesos hasta los 150 millones.
Luego de esto inició el proceso de venta que culminó con el sometimiento de 11 personas ante la justicia, por prevaricación, falsedad en la escritura, y desfalco al Estado Dominicano.
