Santo Domingo.- Guido Gómez Mazara cuestionó que un subdirector del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) esté acreditado ante la Junta Central Electoral (JCE), como delegado técnico del candidato presidencial oficialista.
Aunque en una carta remitida a la Comisión de Seguimiento que presidente el obispo auxiliar monseñor Jesús Castro, el dirigente político no menciona por su nombre a la persona cuestionada, se trata de Robert de la Cruz quien es subdirector del DNI y delegado de Gonzalo Castillo.
Gómez Mazara exhortó a los partidos de oposición a tomar las medidas preventivas para que la «legitima responsabilidad del Estado en materia de inteligencia investigativa no se transforme en un instrumento de carácter político electoral en la contienda pautada para el próximo 5 de julio donde se elegirán las autoridades presidenciales y congresionales».
Reconoció que el partido gobernante está en su derecho a la hora de seleccionar el personal que lo represente en la instancia electoral, pero el hecho de que el responsable técnico del PLD comparta la condición con la de segundo a bordo en el DNI provoca una extraña dualidad en el marco de los comicios.
Gómez Mazara afirmó que esa persona accede de manera privilegiada a las informaciones de inteligencia provoca un desequilibrio frente a la franja opositora.
Gómez Mazara advirtió que una sociedad con escasa cultura institucional permite que la inteligencia del Estado opere con un criterio de persecución y uso de los instrumentos investigativos a favor de la propuesta oficialista.
Para el dirigente político, el PLD posee el control de la inteligencia de la estructura de la JCE y sus metas están concentradas en influenciar en los ámbitos de la jefatura de elecciones, logística y el área de reclutamiento y documentación para desde allí obrar a favor de la candidatura oficial.
Finalmente, exhortó a darle seguimiento al control de la inteligencia del Estado vía el responsable técnico que ejerce en el órgano electoral una terrible influencia, y pidió que los actores de la sociedad civil como Finjus, Participación Ciudadana y los partidos pongan los ojos sobre el proceso.
