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Agresores sexuales no podrán ser docentes

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el régimen de inhabilidades para ejercer profesiones como la educación, cuando la persona figure en un registro de agresores sexuales de niños, adolescentes y personas con condiciones especiales.

La iniciativa de la diputada peledeísta Lourdes Aybar inhabilita para oficios y empleos relacionados con orientación, cuidado e instrucción de menores de edad y personas con condiciones especiales.

El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, durante la sesión envió el proyecto a estudio en una comisión especial.

Aybar expresó que el registro de todos los agresores sexuales de estos grupos poblacionales busca que los centros educativos, culturales y religiosos tengan los nombres de los agresores.

Pero el diputado Juan Dionicio Rodríguez declaró que el proyecto de Aybar contiene varios artículos que entran en contradicción con el Código Procesal Penal y con la Constitución, por lo que debe ser modificado.
Los diputados aprobaron también una resolución de reconocimiento póstumo al periodista, abogado y escritor Adriano Miguel Tejada, por su trayectoria a favor de la investigación periodística, de la historia, el derecho, la cultura, la institucionalidad democrática y académica.

El diputado peledeísta Carlos Amarante propuso la iniciativa. En otro aspecto, el diputado perremeísta Elías Matos se opuso a la privatización de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, como propone un transportista.

Interpelar titular de la SIPEN
Cinco diputados del Gobierno depositaron ante la Secretaría del órgano legislativo una resolución que solicita al Superintendente de Pensiones (SIPEN), Ramón E. Contreras Genao, acudir al Congreso Nacional a explicar por qué hace varios días, a muchos de los ahorrantes les fueron sustraídas partidas económicas de sus cuentas de fondos de pensiones.

El diputado Alexis Jiménez, acompañado de los demás diputados, dijo que quienes deben velar por esos ahorros alegan pérdidas de RD$8,500 millones.

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