Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional mediante sentencia 296/16, zanjo un diferendo existente entre las Oficinas de Planeamiento Urbano, los Alcaldes y los Regidores, especialmente de los grandes municipios, al establecer que: “Es una facultad del Concejo de Regidores la aprobación de uso de suelo, y no de la Alcaldía”, lo que podrá generar conflictos por la resistencia de muchos alcaldes a acatar la sentencia y las acciones de algunos regidores de abusar de esta facultad, lo que afectaría el proceso de inversión en el sector de la construcción, advirtió el Director Ejecutivo de la Secretaria de Asuntos Municipales del Partido Revolcuionario Moderno (PRM), Waldys Taveras.
La decisión del T.C. fue tomada como resultado de una litis entre el ciudadano extranjero Sergiy Zhyvyenko y la Alcaldesa de Higuey, Karina Aristy, quien no dio contestación a una solicitud de uso de suelo para la instalación de una Estación de Combustible que requería el inversionista, remitiendo la Alcaldesa la solicitud al Concejo de Regidores para que este decidiera sobre la pertinencia o no de dicho permiso, dando motivo de una acción de amparo en el que fue condenada la Alcaldesa Karina Aristy, recurriendo esta al T.C. argumentando que en virtud de las disposiciones del Art. 52 de la Ley 176/07 de los Municipios correspondía al Concejo de Regidores otorgar el uso de suelo y no a ella como alcaldesa, criterio que fue acogido por el Tribunal Constitucional.
En comunicación dirigida a los Secretarios de Asuntos Municipales de los Partidos Políticos con representación municipal, Ignacio Ditren, Pedro Richardson y Wellington Mejía, Taveras señalo que se impone la intervención de las organizaciones políticas, que son las responsables de la postulación de Alcaldes y Regidores, para que se establezcan procedimientos públicos y transparente para el otorgamiento de licencias de Usos de Suelos y Permisos de Construcción, muy especialmente de Grandes Plazas Comerciales, de Torres Habitacionales, de Estaciones de Expendio de Combustible y de Gas Propano, que han sido motivo de escándalo y denuncias de corrupción en muchos ayuntamientos, ya que según el rumor publico con ellos se han pagado favores políticos y de aportes a campañas electorales municipales, así como que han circulado millones de pesos como sobornos a funcionarios municipales.
Señala también que el otorgamiento del uso de suelo, es un acto de aplicación de políticas de desarrollo de asentamientos urbanos, garante de la convivencia ciudadana, para lo cual, se requieren determinados niveles de conocimientos técnicos de urbanismo, y de otras disciplinas conexas, las que no se requieren para ser Regidor, ni para ser Alcalde, lo que ha sido una de las razones por la cuales nuestros centros urbanos se han convertidos en territorios inhabitables, lo que deben detener los actores políticos y técnicos municipales.
El dirigente municipal Perremeistas, le señala a sus colegas, que al igual como para la aplicación de la Sentencia 168/13 sobre los derechos a la nacionalidad, se establecieron normas y procedimientos que permitieron su implementación, igualmente se requieren para la aplicación de la Sentencia 296/16, del Tribunal Constitucional, de lo contrario los cuestionamientos y denuncia de mercado persa que pende sobre muchas oficinas de planificación urbana y las acusaciones de corrupción a sus incumbentes, se trasladara a los ya muy cuestionados Concejos de Regidores, para desmedro de la imagen de la clase política dominicana.
