Poder Ejecutivo deposita en el Senado proyecto sobre el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
La iniciativa busca organizar el uso del suelo, proteger áreas productivas y recursos naturales.
Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, depositó ante el Senado de la República el proyecto de ley que aprobaría el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), una iniciativa que busca organizar el uso y la ocupación del territorio, proteger los recursos naturales y regular la localización de los asentamientos humanos y las actividades productivas.
La pieza fue recibida por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, durante un encuentro en el que participaron el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, y representantes de los equipos jurídicos del Poder Ejecutivo y del Ministerio de la Presidencia.
Paliza explicó que la propuesta responde a un mandato constitucional y a lo dispuesto en la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelo y Asentamientos Humanos. Indicó que el documento fue conocido y aprobado previamente por el Consejo de Ministros.
“El ordenamiento territorial es, más que un mandato de ley, una obligación de Estado, una obligación país”, expresó el funcionario, quien destacó la necesidad de planificar el desarrollo y preservar las fuentes de agua, los medios productivos, los recursos naturales y las zonas turísticas.
El ministro señaló que el plan nacional servirá de referencia para los instrumentos regionales, supramunicipales y municipales. Agregó que más de 60 planes municipales se encuentran en elaboración con asistencia del Ministerio de la Presidencia.
Por su parte, Ricardo de los Santos destacó que la iniciativa procura evitar que terrenos de alta vocación agrícola y minera sean ocupados por asentamientos humanos, para favorecer un aprovechamiento más organizado del territorio.
El presidente del Senado aseguró que la pieza será puesta a disposición de la ciudadanía e incluida en la agenda de la próxima sesión para su remisión a comisión. Asimismo, exhortó a los sectores interesados a presentar oportunamente sus observaciones y propuestas.
En tanto, Domingo Matías explicó que la formulación del plan tomó cinco años de consultas en las distintas regiones del país, con participación de sectores sociales, académicos y representantes de la sociedad civil.
Señaló que uno de sus propósitos centrales es vincular la planificación territorial con la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, además de orientar la ubicación de industrias, viviendas y otras actividades.
“El ordenamiento territorial lo que busca es que cada actividad económica y social esté en el lugar que le corresponde”, manifestó Matías.
Principales disposiciones del proyecto
El proyecto establece que las directrices del PNOT serían obligatorias para las instituciones públicas y servirían como marco vinculante para los planes regionales, supramunicipales y municipales. También dispone que la programación y ejecución de la inversión pública guarden coherencia con la estructura territorial definida en el plan, con prioridad en reducir desigualdades entre territorios y mejorar la conectividad y los servicios.
Entre sus líneas de acción figuran la protección de los suelos de alta vocación agrícola, la conservación de los recursos hídricos, la recuperación de ecosistemas degradados y la regulación de las actividades productivas conforme a la capacidad del suelo.
La propuesta contempla, además, restricciones y condiciones de uso en zonas costeras, humedales, manglares, cuencas y áreas de recarga acuífera. Estas medidas deberán sustentarse en criterios técnicos, cartografía oficial y decisiones motivadas de las autoridades competentes.
En materia de prevención, plantea fortalecer los sistemas de alerta temprana, identificar las zonas de alto riesgo y promover la reubicación progresiva de asentamientos y actividades en lugares donde el riesgo no pueda mitigarse, con las debidas garantías jurídicas y sociales.
Asimismo, dispone que la aplicación del plan respete las competencias de los gobiernos locales y los derechos adquiridos válidamente, las autorizaciones firmes y las situaciones jurídicas consolidadas, salvo los casos y procedimientos previstos por la ley.
