Dramático episodio del Jet Set: propietario acude a la Procuraduría tras informe pericial
Santo Domingo. – A más de dos meses del fatídico desplome de la discoteca Jet Set, que dejó un saldo de al menos 235 personas fallecidas y más de 200 heridas, el propietario del centro de entretenimiento, Antonio Espaillat, acudió este jueves a la Procuraduría General de la República acompañado de su abogado, Miguel Valerio, en medio del creciente clamor por justicia.
La visita ocurre horas después de que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) entregara el informe preliminar sobre las causas del colapso del edificio, ocurrido la noche del 7 de abril mientras se celebraba una fiesta encabezada por el icónico merenguero Rubby Pérez, también fallecido en la tragedia.
El caso ha dado un giro dramático luego de que un empleado del establecimiento revelara que había advertido previamente a Espaillat sobre los riesgos estructurales del techo y la imposibilidad de realizar el evento. El Ministerio Público ha accedido al teléfono del testigo para analizar las conversaciones que respaldarían esa advertencia.
Durante su breve encuentro con la prensa, el abogado Valerio afirmó: “Estamos requeridos por la Procuraduría y hemos venido”. Indicó además que ofrecerá declaraciones oficiales tras la reunión con Wilson Camacho, director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Hasta la fecha, se han interpuesto al menos 68 acciones legales, entre querellas y denuncias, contra los propietarios del Jet Set, extendiéndose algunas de ellas al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional, por presunto incumplimiento en la supervisión y control de los permisos de operación del establecimiento.
Las acusaciones incluyen cargos por homicidio involuntario y negligencia, señalando la existencia de fallas estructurales y la instalación de equipo pesado en el techo como posibles detonantes del desplome.
En medio del dolor y el desconcierto nacional, Antonio Espaillat solo ha ofrecido dos declaraciones públicas, reafirmando su compromiso de “dar la cara” ante las víctimas y las autoridades.
El Ministerio Público mantiene bajo su custodia el inmueble, el cual fue formalmente incautado el pasado 7 de mayo, como parte de las diligencias para preservar la escena del hecho y continuar con las investigaciones.
La sociedad dominicana sigue consternada ante una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente del país, mientras familiares de las víctimas claman por respuestas y sanciones ejemplares.
