
Dirección de Ética deposita en Procuraduría expedientes compra hormigón asfáltico en gestión Gonzalo Castillo
Santo Domingo.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) anunció este miércoles que ha depositado ante la Procuraduría los expedientes relacionados con la contratación de asfalto por parte del Ministerio de Obras Públicas y Contrataciones (MOPC) en 2019.
A través de un mensaje en Twitter, la DIGEIG aseguró que encontró «archivado» ese expediente, referido a las supuestas irregularidades cometidas en la compra de hormigón asfáltico caliente durante la gestión del excandidato presidencial Gonzalo Castillo al frente del MOPC.
Los expedientes relacionados a la contratación de 11,500 millones de pesos para la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Gonzalo Castillo, ya reposan en la Procuraduría General de la República para el procedimiento judicial competente.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental depositó los documentos a los fines de que se proceda por las vías legales en el caso en torno a los contratos, millonarios y otras acciones autorizadas por la gestión de gobierno pasado.
Previo al depósito del expediente, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas difundió en su portal los resultados del análisis a los procesos de compras de Obras Públicas en la gestión de Castillo, quien además fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los pasados comicios.
En concreto, se investiga la contratación sin licitación de 38 empresas para la compra de hormigón asfáltico por un importe de 11,500 millones de pesos.
Las empresas fueron contratadas seis meses antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), celebradas en octubre de 2019, en las que Gonzalo Castillo, entonces ministro de Obras Públicas, ganó la candidatura presidencial.
Un informe publicado en agosto de 2020 por la Dirección de Contrataciones Públicas concluye que los procedimientos excepcionales que se siguieron en esas compras por parte del Ministerio, sin hacer una licitación, «no fueron llevados a cabo conforme al debido proceso administrativo que rige las compras y contrataciones públicas».




