“Caiga quien caiga, deben actuar con mano dura para enfrentar sicariato”, advierte diputado Jorge Frías
Partidos políticos coinciden en la urgencia de frenar la ola de violencia y llaman a una coordinación interinstitucional efectiva.
Santo Domingo.– El eco de los disparos que segaron la vida de dos personas en la región norte del país aún resuena como un recordatorio brutal del poder del sicariato, un fenómeno que ha ido colonizando comunidades enteras y sembrando temor en cada esquina. No se trata de casos aislados. Lo que antes se susurraba como ajuste de cuentas hoy se ha convertido en un patrón que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Los legisladores, sin importar colores partidarios, han levantado la voz con inusual coincidencia: el crimen organizado se ha fortalecido y la respuesta del Estado debe ser inmediata y contundente.
“Nosotros tenemos que detener las ejecuciones extrajudiciales. No puede ser que un testigo vea su vida en riesgo por testificar”, advirtió un congresista opositor, reclamando mayor protección para quienes colaboran con la justicia y una investigación más profunda de muertes que, bajo el simple rótulo de “ajustes de cuentas”, podrían esconder redes criminales mucho más complejas.
Desde el oficialismo, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santo Domingo, Jorge Frías, fue categórico: “Caiga quien caiga, deben actuar con mano dura; esto no solo afecta la seguridad jurídica, también pone en riesgo la inversión extranjera y el turismo”. Su declaración refleja la magnitud del problema, que ya no se percibe únicamente como un desafío de seguridad, sino como una amenaza al clima económico y a la estabilidad del país.
Crímenes recientes elevan la presión
La indignación se agudizó con el asesinato de Luis Gustavo de Asa, alias «Nini», ejecutado a pocos pasos del Palacio de Justicia, en un ataque que llevó la marca del sicariato: vehículos coordinados, disparos certeros y una huida calculada. Horas más tarde, Fiordaliza Mena Hiciano, de 37 años, fue abatida por desconocidos en motocicleta, sumando otra víctima a la lista que mantiene en vilo a comunidades como San Francisco de Macorís.
Estos hechos no solo han estremecido a la ciudadanía, sino que han avivado el debate en el Congreso, donde se exige reforzar la coordinación interinstitucional entre la Policía, el Ministerio Público y los organismos de inteligencia. La demanda es clara: frenar la impunidad y rescatar la seguridad ciudadana.
Ciudadanía en estado de alerta
En los barrios, el miedo se palpa. La gente comenta a media voz, los negocios cierran más temprano y las familias redoblan precauciones. El sicariato ya no es una amenaza lejana, sino un enemigo cotidiano que pone en jaque la vida y la esperanza de comunidades enteras.
La coincidencia de los partidos políticos es una señal de alarma que trasciende la retórica. El país enfrenta un dilema mayúsculo: actuar con firmeza o permitir que la violencia siga dictando sus propias reglas.
