El informe identifica 33 hallazgos críticos: más de RD$2,600 millones sin estados financieros, becas sin expedientes, ayudas discrecionales, compras fraccionadas, nóminas extraviadas y fallas graves de control interno.
Santo Domingo.– Una auditoría interna de la Contraloría General de la República reveló un amplio conjunto de irregularidades administrativas, financieras y operativas en el Ministerio de la Juventud durante la gestión de Rafael De Jesús Féliz García, confirmando y ampliando denuncias previas relacionadas con becas, ayudas discrecionales, nóminas, contrataciones y uso de fondos públicos.
Semanas atrás, el programa N Investiga, producido y conducido por Nuria Piera, había denunciado la existencia de un presunto esquema de clientelismo político en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y en el Ministerio de la Juventud, práctica que —según adelantó la investigación— se replicaba en otras instituciones. La auditoría sostiene que esos señalamientos representaban apenas “la punta del iceberg”.
El examen abarcó el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de junio de 2024. El informe, de 66 páginas y concluido el 1 de julio de 2025, documenta 33 hallazgos, varios de ellos catalogados como críticos.
Entre las observaciones más graves figura la ausencia total de estados financieros entre 2021 y 2024, lo que impidió evaluar la ejecución y rendición de cuentas de RD$2,664,679,581 administrados por la institución. De ese monto, se ejecutaron RD$2,267,637,341, sin que el documento detalle el destino de los RD$397,042,040 restantes.
La auditoría también advierte inconsistencias entre el presupuesto aprobado y los Planes Operativos Anuales, con discrepancias cuantitativas entre los rubros asignados y las actividades programadas.
En materia de ayudas sociales, se detectaron desembolsos por RD$71,787,500 bajo el concepto de “Ayudas Directas” sin políticas, criterios técnicos ni metodologías de evaluación, aprobación o control de montos y duración. El informe subraya la ausencia de mecanismos de supervisión y precisa que la cifra corresponde únicamente a los casos documentados.
Asimismo, se identificaron irregularidades en la entrega de más de RD$727,645,936 en becas a estudiantes sin documentación mínima que permitiera verificar la elegibilidad y los criterios de asignación, lo que refuerza denuncias que vinculan parte de estas ayudas con el movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”.
La Contraloría también constató la falta de implementación efectiva del Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF) para el registro oportuno de operaciones, así como incumplimientos a la Ley No. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno y a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), evidenciando debilidades estructurales en la gestión administrativa.
El portal de Transparencia Institucional, por su parte, se encontraba incompleto y desactualizado, en violación de la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
En el ámbito laboral, la nómina pasó de RD$12 millones en 2012 a RD$17 millones en 2023, año en que se reportó el extravío de las nóminas correspondientes al personal fijo, temporal, de seguridad y en período probatorio. Además, se hallaron expedientes incompletos, empleados sin contrato o nombramiento formal y sin carta de no objeción del Ministerio de Administración Pública (MAP).
Durante un levantamiento de 158 servidores, 46 no fueron localizados, cuatro no pudieron ser identificados y otros presentaban asistencia irregular, lo que abre la posibilidad de pagos a “botellas” y manejo discrecional de RD$634,097,931 en salarios durante el período auditado.
El informe describe un patrón de descontrol en contrataciones y logística. Se detectaron compras fraccionadas para evadir los umbrales legales de licitación, como cuatro procesos por RD$579,830 para el montaje de stands adjudicados a Grupo Belcam SRL. De igual modo, cuatro comparaciones de precios por RD$20,800,000 fueron otorgadas el mismo día a Pink Iguana SRL, evitando un proceso de licitación pública.
También se adjudicaron contratos para la adquisición de tickets de combustible por RD$5 millones a empresas cuyos accionistas estarían impedidos por la Ley de Compras y Contrataciones, sin registros consistentes que permitieran verificar el uso del carburante.
En cuanto al patrimonio institucional, no existían controles adecuados de almacén, lo que derivó en la desaparición de equipos tecnológicos valorados en RD$334,615.
La auditoría identificó, además, atrasos significativos en expedientes de pago enviados a deuda pública, facturas pagadas que seguían registradas como pendientes y debilidades en conciliaciones bancarias de cinco cuentas, sin separación de funciones ni documentación soporte. La institución tampoco disponía de un sistema automatizado para el control de cuentas por pagar.
La Contraloría concluye que los hallazgos no responden a errores aislados, sino a un patrón sistemático de fallas: becas sin expedientes completos, ayudas sin criterios, combustible sin control, nóminas extraviadas, compras fraccionadas, conciliaciones inexistentes y pérdida de bienes estatales. Mientras tanto, empleados denunciaron presuntas presiones políticas y aportes obligatorios para sostener estructuras partidarias.
N Investiga informó que continúa a la espera de información adicional solicitada vía Libre Acceso al Ministerio de la Juventud para profundizar en otros indicios de irregularidades.
La institución auditada aún no ha emitido una respuesta oficial sobre el contenido del informe.
