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Rafael Burgos Gómez: 60 por ciento de empleados de instituciones liquidadas eran “nominillas” del PLD

El proceso de liquidación en el cual trabajan 40 técnicos está previsto terminar a finales del mes junio

Santo Domingo.- El director ejecutivo de la Comisión de Liquidación de Órganos del Estado, Rafael Burgos Gómez, afirmó este martes que el 60 por ciento de los empleados de las instituciones  liquidadas  eran “nominillas” del Partido de la Liberación Dominicano (PLD).

“En esas instituciones el 60 por ciento de los empleados que habían eran irregulares todos “nominillas” de líderes políticos de ese momento”, expresó durante una entrevista en el programa El Día.

Precisó que los empleados que no se pueden conservar en esa institución serán mandados  a  otra entidad del Estado que lo necesite.

“Se encontraron cantidades de nominillas en esas instituciones y todo eso fue desmontado inmediatamente. Donde hay un personal calificado que no ha estado involucrado en temas de corrupción y político que afecten a la institución y a esos técnicos se les ha respetado su trabajo”, dijo

Sostuvo que el patrimonio del pueblo dominicano estaba siendo devorado por esos grupos, citando el caso de las obras de Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), las cuales enfatizó se estaban construyendo en San Juan y Santiago.

Sobre el Consejo Nacional de la Azúcar

Reveló que fueron encontrados en el Ingenio Río Haina  casi 800 títulos de propiedad muchos todavía al nombre de Rafael Leonidas Trujillo.

Precisó que actualmente realizan inventarios a los terrenos e inmuebles del Consejo Nacional de la Azúcar por inventario, restando solo cuatro ingenios .

Entre las entidades en liquidación están la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Despacho de la Primera Dama y el Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD).

“Todas las instituciones que representan duplicidad de funciones que afectan el presupuesto del Estado,  el Gobierno tendrán  que tomar una decisión. Es posible que haya muchas más que pueden entrar en ese programa”, puntualizó al ser cuestionado sobre la posibilidad de que sean eliminadas o fusionadas otras entidades públicas

Recursos de las entidades

Anteriormente Burgos explicó que la primera fase en la eliminación de una entidad pública es realizar un inventario de los recursos humanos, pasivos laborales, valores y aspectos jurídicos.

La comisión va a evolucionar a una institución y recibirá todos los recursos y patrimonios de las empresas liquidadas.

“Esa comisión evolucionará a una institución que será creada como un Hollins y recibirá todas esas riquezas que son enormes”.

El proceso de liquidación en el cual trabajan 40 técnicos está previsto terminar a finales del mes junio.

“Durante el desarrollo de este proceso hemos contado con el apoyo de los funcionarios del Gobierno y del señor presidente.

Sobre la comisión 

A través del edicto 422-20, el presidente Luis Abinader establece en el artículo uno que la comisión de liquidación estará a cargo del Ministerio de la Presidencia, quien lo preside, Lisandro José Macarulla Tavárez.

“Se otorga facultad a la comisión, para la conformación de tantos equipos técnicos de apoyo como sean necesarios, con personal calificado, técnico y administrativo de las instituciones que dirigen y de las propias instituciones involucradas”, dice el estamento en el párrafo uno.

La comisión además coordinará con los órganos en la relación del personal, los bienes muebles o inmuebles activos y pasivos de los organismos en proceso de disolución do reestructuración, mediante el siguiente procedimiento:

“El Ministerio de Administración Pública ( MAP ), la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y la Contraloría General de la República ( CGR ), adoptarán las medidas que correspondan luego de la revisión de cada caso del personal de los organismos objeto de reestructuración o supresión, tomando como base los criterios de regularidad de su designación por la autoridad competente y el desempeño comprobado de los cargos y funciones oficiales de la estructuras orgánicas de las instituciones”, establece.

La decisión del mandatario precisa también que la Administración General de Bienes Nacionales, conforme a la ley, organizará y realizará un inventario con informaciones específicas sobre los activos o bienes muebles e inmuebles que estuvieren en posesión de las instituciones objeto de supresión o reestructuración, y que queden disponibles para darles el uso que demanden otras instituciones de la Administración Pública.

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