Santo Domingo.- El experto en Derecho Laboral Rafael Alburquerque denunció que algunos empresarios en la República Dominicana se aprovechan de la mano de obra haitiana y luego solicitan su deportación para evadir el pago de prestaciones y derechos laborales.
Durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre, Alburquerque advirtió que esta práctica, además de ilegal, daña la imagen del país y constituye un acto de abuso hacia trabajadores vulnerables.
“Ahora mismo hay empresarios inescrupulosos que utilizan la mano de obra haitiana y luego ellos mismos llaman a Migración para que los deporte, para no pagarles los derechos que les corresponden. Eso es un abuso y desprestigia al país”, afirmó.
El también ex vicepresidente de la República explicó que el principio 80-20, que obliga a las empresas a contratar al menos un 80% de trabajadores dominicanos y un máximo de 20% extranjeros, se mantiene invariable en la legislación laboral, aunque con excepciones autorizadas en casos específicos.
“La ley permite que, en circunstancias especiales, se autorice un porcentaje mayor de mano de obra extranjera, pero eso debe aplicarse solo donde realmente se necesite, como la construcción o la agricultura”, precisó.
Alburquerque, quien fue además ministro de Trabajo, indicó que una de las propuestas discutidas en el Consejo Económico y Social (CES) es que dichas excepciones dejen de depender exclusivamente del presidente de la República y pasen a ser gestionadas por el Ministerio de Trabajo, previa consulta con el sector empleador, el sindical y el Instituto Nacional de Migración.
El dirigente político —miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo— sostuvo que el país debe establecer mecanismos de control más estrictos para evitar que los permisos temporales de trabajo se conviertan en un “relajo” y para que los empleadores asuman su responsabilidad sobre los trabajadores extranjeros que contratan.
“Si se otorgó un permiso por determinado tiempo, el empresario debe cumplirlo. No se trata de contratar y luego abandonar al trabajador, porque esas acciones generan denuncias internacionales y perjudican la reputación del país”, enfatizó.
Alburquerque concluyó que la contratación de trabajadores haitianos debe regirse por criterios de legalidad, respeto y responsabilidad, garantizando tanto los intereses nacionales como los derechos humanos.
