De Santo Domingo a La Barranquita: la “operación” que terminó en ejecución
El Ministerio Público acusa a los policías de borrar rastros del crimen, llevándose grabaciones y teléfonos tras la balacera
Por Darwin Feliz Matos
Santo Domingo.– Lo que comenzó como un supuesto operativo policial terminó convertido en una de las escenas más oscuras registradas en la historia reciente de Santiago: cinco hombres abatidos a plena luz del día, once agentes implicados y una investigación que apunta directamente a una ejecución extrajudicial.
Según el expediente del Ministerio Público, seis de los once miembros de la Policía Nacional involucrados viajaron desde Santo Domingo hasta Santiago el pasado 10 de septiembre, con el propósito de ejecutar una acción vinculada «según dijeron» a un caso de tráfico de armas. Pero lo que ocurrió en el sector La Barranquita dista mucho de un operativo convencional.
La llegada del grupo operativo
Los agentes, adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos con sede en el Palacio de la Policía Nacional, partieron en una camioneta institucional hacia el Cibao. Entre ellos figuran el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo Antonio de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
Una vez en Santiago, se reunieron con otros cinco agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en el parqueo de la Subdirección Regional de Investigación, ubicada en la avenida Bartolomé Colón. Eran Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Feliz Feliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad y José Octavio Jiménez Peña.
Camino al crimen
El encuentro duró pocos minutos. Según las pesquisas, los once policías acordaron dirigirse hacia la avenida Olímpica, próximo a Corona Plaza, donde supuestamente realizarían el “operativo”. Se desplazaron en tres vehículos: una camioneta Toyota Hilux blanca (PP-034175), un Kia Rio (A690258) y un Toyota Yaris (A401356).
Las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 captaron su paso a las 2:15 de la tarde. Seis minutos después, ya estaban en el lugar, apostados estratégicamente en las inmediaciones de una plaza comercial.
Poco después, llegaron las víctimas: Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias “El Charly” o “Charli Chase”), al volante de un Honda Civic dorado; y José Vladimir Valerio Estévez, quien conducía un Kia blanco. Ambos se reunieron con otros tres hombres que se desplazaban en un Mazda blanco.
A las 2:26 p.m., el reloj marcó el inicio de la tragedia. Según la acusación, los cinco hombres entraron al parqueo y, sin mediar palabra, los agentes —vestidos de civil— abrieron fuego. Ninguno de los presentes tuvo oportunidad de defenderse.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
Después del fuego, el silencio
Cuando los disparos cesaron, la escena fue tomada por el desconcierto y el miedo. Desde un tercer nivel, una testigo observaba el horror. Relató que varios agentes irrumpieron en su vivienda, le arrebataron el teléfono y borraron las grabaciones que había logrado hacer del tiroteo.
Pero no fue la única. El Ministerio Público acusa a los agentes de haber sustraído los DVR de los negocios cercanos y varios teléfonos móviles, en un intento de borrar cualquier rastro del operativo.
En el establecimiento Tecnopolis, propiedad de Ramón Emilio Abreu Corona, los policías incluso realizaron llamadas vía WhatsApp identificándose como agentes, presionando al comerciante para que abriera su local. Cuando este llegó acompañado de su madrina, se encontró con los cuerpos tendidos en el pavimento. Los agentes ingresaron al negocio y se llevaron el sistema de grabación de cámaras de seguridad.
Una ejecución planificada
La versión oficial del Ministerio Público es contundente: no hubo enfrentamiento, sino una ejecución extrajudicial cuidadosamente planificada. Las pruebas —sostiene la acusación— demuestran que el operativo fue montado para ultimar a las víctimas y luego eliminar toda evidencia.
La audiencia para conocer las medidas de coerción contra los once agentes imputados fue aplazada para el próximo jueves 9 de octubre a las 9:00 a.m., luego de que las defensas solicitaran más tiempo para estudiar el expediente.
Mientras tanto, el eco de los disparos aún resuena en La Barranquita, un sector que guarda el recuerdo amargo de una tarde donde la ley llegó desde la capital, pero no para impartir justicia, sino para arrebatarla.
