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Aseguran Procuraduría fue comando político, hasta ron de campaña se distribuía allí

“Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una máquina de espionaje con fines de intimidar, extorsionar y de tener informaciones privilegiadas”, se lee en el documento de 296 páginas qie pide medidas de coerción para Jean Alain Rodríguez y otros.

Santo Domingo.- Desde labores de espionaje a los mismos empleados, hasta usar a la Procuraduría General de la República como un comando político, donde se distribuía ron en tiempos de campaña.

La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en el caso Medusa, que tiene al exprocurador Jean Alain Rodríguez como principal acusado, describe 19 características de lo que supuestamente ocurría dentro de la institución en la pasada gestión.

Los detalles del documento de medida de coerción contra ocho imputados y una empresa indican que la supuesta red creó nóminas ficticias para distraer fondos del presupuesto de la Procuraduría y que se eliminaron las principales fuentes de información de la organización para destruir evidencias.

Señala que, por ejemplo, hubo un gran operativo de trituración de evidencia en plena transición gubernamental del 2020.

“Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una máquina de espionaje con fines de intimidar, extorsionar y de tener informaciones privilegiadas”, se lee en el documento, que tiene un total de 296 páginas.

En la medida de coerción, que se conocerá este viernes, se solicita declarar el caso complejo y prisión preventiva para los imputados Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto. Altagracia Guillen Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte y Miguel José Moya. Además, la empresa Desarrollo, Individuo y Organización.

A continuación, se detalla 19 características que describe el Ministerio Público de la supuesta estructura criminal:

Convirtieron a la Procuraduría en el centro de operación de la estructura criminal, y así paso de perseguir los crímenes y delitos, a materializarlos a gran escala.

Usaron a la procuraduría como una especie de comando político o centro de operación desde donde se dirigía el movimiento Político Renovación y las aspiraciones personales del entonces procurador

Distrajeron cuantiosas cantidades del presupuesto de la Procuraduría, para solventar gastos de equipamiento de local, comida de personal, empleados, material gastable, transporte, combustible, entre otros,

Crearon proyectos sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcción como el caso del Plan de Humanización, para tener actividades que le permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaron sumas cuantiosas para beneficios personales.

Construyeron el principal centro penitenciario del plan de humanización en terrenos que tenían propietarios, involucrando la organización en una serie de reclamos de ciudadanos.

Montaron una cuantiosa propaganda publicitaria para vender la imagen del procurador, con objetivo de tener créditos que no se sustentaban en indicadores de gestión.

Distrajeron fondos de agencia de cooperación internacional, con lo que, además de cometer un delito, colocaron al país en una vergüenza internacional.

Alquilaron vehículos por montos millonarios para realizar supuestos servicios innecesarios, sobrevaluados y ficticios en algunos casos.

Sobrevaluaron y asignaron de manera ilícita la construcción del Laboratorio de ADN del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), privando las investigaciones de los fiscales de la preciada prueba científica.

Adulteraron fecha y objetivo de comunicaciones para distraer en beneficios personales equipos que son propiedad de la Procuraduría.

Crearon nominas ficticias para distraer fondos del presupuesto de la Procuraduría.

Eliminaron las principales fuentes de información de la organización, con el objetivo de destruir evidencias de los hechos que habían cometido, colocando a la institución en una pérdida irreparable de información en área tan sensitivas como Extradiciones, Bienes Incautados y Antecedentes Penales.

Establecieron un proceso fraudulento de compras en el que se legitimaban los oferentes, que en su gran mayoría eran escogidos previamente.

Recibieron dinero de soborno, en bultos que eran traídos a la propia sede de la Procuraduría.

Crearon empresas a través de testaferros para ellos mismos venderles a la institución, en franca violación a la Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de Lavado de Activos.

Usaron a la sede de la Procuraduría como un centro de envase y distribución de ron que se utilizaba en las campanas políticas para la selección del candidato del partido oficialista en el 2019, la escogencia de los alcaldes y regidores, así como para la compaña presidencial del 2020.

Destruyeron evidencias en un gran operativo de trituración, en plena transición gubernamental del 2020, desapareciendo cientos de evidencias, colocando a la nueva institución en la terrible situación de haber perdido parte importante de su memoria histórica.

Incineraron documentos de la institución sin dejar acta ni constancia del proceso.
Utilizaron programas informáticos para espiar empleados de la institución, en franca violación a los derechos fundamentales. Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquina de espionaje con fines de intimidar, extorsionar y de tener informaciones privilegiadas.

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