Editorial

En cuestión de horas

en-Cuestion-de-HorasEn cuestión de horas, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que declara necesidad de una reforma constitucional, el presidente de la República la promulgó y la titular del Senado convocó a la Asamblea Revisora, en rápida sucesión de hechos con el voto positivo de los partidos Revolucionario (PRD) y Reformista Social cristiano (PRSC).

El proyecto reeleccionista, que despegó en firme después del acuerdo que puso fin a la crisis interna del Partido de la Liberación (PLD), ha recorrido sin mayores dificultades el tramo de aprobación congresual, con la novedad de que los legisladores del PRD se adhirieron a esa iniciativa.

Aunque no se ha informado públicamente, tal parece que el apoyo ofrecido por la bancada perredeísta a la ley de reforma constitucional estaría conectado con algún acuerdo político de mayor espectro y que incidiría notablemente en las elecciones del 20 de mayo de 2016.

El presidente Danilo Medina lograría arribar a la Asamblea Revisora convocada para este sábado a las 10:00 de la mañana con la aprobación adelantada de las bancadas del PLD, PRD, PRSC y del Partido La Estructura, aunque se resalta la disidencia de al menos cinco asambleístas declarados independientes.

Es previsible que el artículo 124 de la Constitución sea objeto de una modificación a los fines de insertar la aprobación de la reelección presidencial por un único periodo, aun con el rechazo de los parlamentarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Una expectante sociedad aspira a que tan arriesgada empresa de reforma constitucional no se convierta en otra frustración ciudadana, sino en un motivo para que el debate y la interacción de los partidos políticos estén signados en el interés nacional y no en la distribución de canonjías.

Ojalá que la sesión de la Asamblea Revisora se celebre con la mayor solemnidad y respeto a la Constitución Política del Estado, y los asambleístas asuman conciencia sobre su compromiso de defenderla y blindarla para que nunca sea violada ni enajenada.

El Gobierno y el partido oficial están en obligación de proveer seguridades a la población de que los aprestos reeleccionistas no se llevan como caña para el ingenio y que se ofrecerán plenas garantías de que el proceso electoral no será perturbado por ningún fantasma del exceso.

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