Alfredo Pacheco recibe la Ley Mirabal presentada por el Ministerio de la Mujer y respaldada por Déjala Ir
El proyecto plantea evaluaciones de riesgo, medidas de protección y atención integral para las víctimas. También incorpora la violencia digital y política y establece responsabilidades para las instituciones públicas.
Santo Domingo.- Una mujer que denuncia violencia puede necesitar protección policial, asistencia psicológica, atención médica y acompañamiento judicial. La propuesta de Ley Mirabal busca que esas respuestas no dependan de actuaciones aisladas, sino de un sistema que coordine a las instituciones responsables desde el primer contacto con la víctima.
El proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres fue presentado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, ante la Cámara de Diputados, donde lo recibió el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. La iniciativa procura establecer procedimientos para prevenir las agresiones, identificar situaciones de peligro, proteger a las mujeres y dar seguimiento a los casos.
“Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas, debe encontrar un solo Estado”, expresó Reyes al presentar la propuesta. La funcionaria afirmó que las instituciones deben asumir la responsabilidad de coordinarse para evitar que las víctimas tengan que relatar repetidamente lo ocurrido mientras buscan ayuda.
“Somos las instituciones las que tenemos la obligación de coordinarnos, no son las mujeres que deben cargar con las consecuencias de nuestra fragmentación”, sostuvo.
La iniciativa plantea que el Ministerio de la Mujer coordine el sistema, con la participación de las entidades responsables de la seguridad, la salud, la justicia y la protección social. El objetivo es articular los servicios que intervienen en las distintas etapas de los casos de violencia y definir las obligaciones de cada institución.
Evaluar el peligro desde el primer contacto
La Ley Mirabal propone que la respuesta ante una denuncia de violencia comience con una valoración del peligro y continúe con una ruta de actuación que permita determinar las medidas de protección y dar seguimiento al caso. El proyecto establece dos niveles de evaluación: una valoración inicial, a cargo de la institución o persona que conozca los hechos, y una evaluación especializada, responsabilidad del Ministerio Público.
Esta última deberá realizarse de inmediato cuando se reciba la denuncia o el caso referido, sin retrasar las medidas urgentes. Para determinar el nivel de riesgo, el proyecto identifica factores como las amenazas de muerte, la reiteración de las agresiones, el hostigamiento, el acceso a armas, el incumplimiento de órdenes de protección y la separación acompañada de violencia o intimidación.
Cuando existan indicadores de riesgo, el Ministerio Público coordinará un plan individualizado de seguridad junto con el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y las instituciones competentes. En los casos de riesgo grave, este deberá elaborarse dentro de las 72 horas siguientes a la evaluación especializada.
El plan deberá especificar las medidas de protección, los contactos seguros, la respuesta ante emergencias, las instituciones responsables y el seguimiento. También deberá contemplar las necesidades de hijos e hijas y otras personas dependientes, así como alternativas para los casos en que la víctima no acepte ingresar a una casa de acogida o decida salir de ella.
